Aguirre, Ayuso o Mañueco: todas las veces que el PP intentó salvar la estación de esquí de Navacerrada antes del varapalo del Supremo

Esta semana el Tribunal Supremo ponía fin a la batalla legal de la estación de esquí de Navacerrada con una providencia -fechada la semana pasada- que deja en agua de borrajas los intentos del PP por mantener la instalación a pesar de que el permiso está caducado desde 2021, el impacto ambiental de la misma y de que Parques Nacionales quiera regenerar el monte público. Cronología de una pelea judicial Hay que remontarse a 1996 para entender el origen de la pugna. Por aquel entonces, el espacio funcionaba con una licencia a lo que entonces era una empresa pública de la Comunidad de Madrid, cuyo nombre era Deporte y Montaña. El canon anual era de 1.500 euros por 7,6 hectáreas de monte público; y su alquiler lo heredó una nueva compañía privada cuando la responsable regional era Esperanza Aguirre y privatizó la firma pública, pasando a quedarse la estación en manos de la actual Río Invest. La predecesora de Isabel Díaz Ayuso criticó en 2010 un plan de recuperación ambiental de Navacerrada que había diseñado su consejera de Medio Ambiente y contaba con actuaciones de 10 millones de euros. La expresidenta apostó por incentivar el esquí a pesar de que los propios técnicos le dijeron que no había agua para fabricar nieve. Hay que tener en cuenta que la estación de Navacerrada tiene dos partes, una madrileña y una segoviana sobre la que, a priori, la Comunidad de Madrid no tiene nada que decir, pero que Ayuso aprovecharía para chocar directamente con el Ejecutivo central. En noviembre de 2021, cuando la licencia estaba caducada y quedaba claro que la concesionaria que gestiona la estación de esquí tenía que devolver el terreno, Ayuso se reunión con su homólogo en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien favoreció cinco temporadas extra de funcionamiento, pleito mediante, para celebrar la "buena noticia". Transición Ecológica acudió a los tribunales en la comunidad castellanoleonesa, y los magistrados rechazaron la medida cautelar solicitada de impedir la actividad mientras se decidían sobre el fondo del asunto. Entretanto, Ayuso ha beneficiado en la medida de lo posible a la estación. En diciembre de 2023 rebajó el alquiler de la concesionaria en un 65%. Además, multiplicó por seis la superficie a aprovechar, a pesar de que las pistas tenían también la licencia caducada desde febrero de 2019. Ya en 2024, la Justicia determinó que la parte de Segovia debía desmantelarse por completo, lo cual no impidió a la baronesa en mantener la estación, todo a la vez que la propia empresa había tachado de "inviable" el negocio sin la parte que pertenece a la comunidad limítrofe. Esto es porque solo aquí había permiso para usar cañones de nieve artificial. A pesar de la todo, la Comunidad de Madrid aprobó en 2024 una nueva concesión por 29 años. La concesionaria ofertó 33.618 euros para disfrute de cerca de 54.200 metros cuadrados de terreno público durante casi 30 años. Tanto asociaciones ambientales como Ecologistas en Acción, como el Gobierno...