La Diputación de Sevilla insta a la Junta de Andalucía a tomar medidas urgentes para acabar con las sospechas de La Cartuja

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, ha reclamado a la Junta de Andalucía que actúe con rapidez para esclarecer las dudas que rodean las obras de reforma del Estadio de La Cartuja, tras las informaciones que apuntan a posibles irregularidades en su adjudicación. "La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla ostentan la mayoría en la sociedad del Estadio Olímpico", ha explicado Fernández de los Ríos en un tuit, "por eso, deben convocar un Consejo de Administración urgente para aclarar las sospechas existentes y facilitar todos los documentos relativos a los contratos de obras", ha concluido. La petición llega después de que la investigación judicial abierta en el denominado "caso Supercopa" haya situado en el foco a varios responsables vinculados a la gestión del recinto deportivo. Entre ellos figuran el exsecretario general para el Deporte de la Junta, José María Arrabal, y el gerente del estadio, Daniel Oviedo, ambos investigados por su presunta implicación en contratos irregulares para reformar el estadio. Ante esta situación, desde la Diputación se ha solicitado la convocatoria urgente del consejo de administración de la sociedad pública que gestiona el estadio para analizar la situación y adoptar medidas que garanticen la transparencia institucional. El objetivo, según han trasladado desde la institución provincial, es evitar que las sospechas continúen erosionando la credibilidad de una infraestructura clave para la ciudad y para el conjunto de Andalucía. Obras iniciadas antes del contrato Las investigaciones policiales han revelado aspectos especialmente llamativos sobre la ejecución de las obras de remodelación del estadio, necesarias para adaptar el recinto a competiciones internacionales como la Eurocopa o finales de Copa del Rey. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los trabajos comenzaron incluso antes de que se iniciara formalmente el proceso de licitación y semanas antes de que se adjudicara el contrato a la empresa constructora encargada de las obras. Así, los investigadores señalan que las obras estaban ya en marcha cuando ni siquiera se había formalizado el procedimiento administrativo correspondiente, lo que vulneraría los principios de concurrencia, publicidad e igualdad que deben regir la contratación pública. En concreto, la adjudicación oficial a la empresa constructora no se produjo hasta principios de junio de 2021, pese a que los trabajos habrían comenzado semanas antes, lo que ha despertado sospechas sobre la forma en que se gestionó el contrato. "30.000 pakistaníes" Uno de los elementos que más polémica ha generado en la investigación judicial es una conversación interceptada entre responsables de la empresa constructora encargada de las obras. En ese intercambio de mensajes, los implicados ironizaban sobre la rapidez con la que se ejecutarían los trabajos. "Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día", afirmaba uno de los interlocutores, Jonathan Oliva, en referencia a la velocidad con la que se estaban desarrollando las obras. La conversación fue incorporada al informe de la Guardia Civil como parte de las pruebas que apuntan a que la adjudicación formal del...