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  "publishedAt": "2026-02-25T12:43:00.000Z",
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    "España"
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  "textContent": "La reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha sacado a la luz una dimensión menos conocida de aquellos acontecimientos: los intentos organizados de apoyo económico a los militares y guardias civiles implicados en el asalto al Congreso de los Diputados. Las notas informativas ahora públicas revelan movimientos en distintos ámbitos —castrenses, asociativos y empresariales— orientados a mitigar las consecuencias económicas derivadas de los procesamientos y expulsiones del Ejército. Uno de los documentos más relevantes está fechado el 18 de marzo de 1981, apenas tres semanas después del asalto encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. Bajo el asunto \"Ayudas a los implicados en el 23-F\", la nota recoge que \"desde altas instancias castrenses, se podría iniciar una campaña de ayuda económica para los familiares de los militares y guardias civiles implicados en el asalto al Congreso de los Diputados\" El texto añade que existía \"una firme convicción, en un sector del Ejército, de no tolerar, de ninguna manera, cualquier intento de persecución a los referidos familiares\", circunstancia que, según la propia nota, estaba comenzando a generar \"un elevado malestar en el seno de las Fuerzas Armadas\" La redacción del documento refleja que, en las semanas posteriores al golpe fallido, coexistían dentro del estamento militar distintas sensibilidades respecto a la respuesta judicial y disciplinaria contra los implicados. Más allá de las responsabilidades penales, el foco se situaba también en el impacto económico que recaía sobre las familias de los procesados. Un segundo documento, fechado el 27 de marzo de 1981, detalla que la Asociación de Mujeres de Militares y Policías había recibido \"cuantiosas sumas económicas\" en concepto de donativos para las familias de los guardias civiles implicados, así como para los herederos de víctimas de asesinatos Según la nota, los fondos se encontraban depositados en una cuenta del Banco Central a nombre de la asociación. Sin embargo, por orden del Ministerio del Interior, la cuenta fue bloqueada, impidiendo a sus titulares disponer del dinero. El documento no detalla el volumen exacto de las cantidades ingresadas, pero sí constata la existencia de una corriente de aportaciones económicas tras el 23-F. El bloqueo de la cuenta evidencia que el Ejecutivo actuó para controlar posibles circuitos financieros vinculados al entorno de los implicados, en un momento en el que el Gobierno trataba de reafirmar la autoridad institucional tras el intento de ruptura del orden constitucional. La dimensión económica no quedó limitada a las semanas posteriores al golpe. Un tercer documento, fechado el 10 de mayo de 1983, señala que algunas de las personas procesadas por el 23-F habían llegado a perder su condición de militares, lo que les suponía \"una merma importante en sus ingresos\". Ante esta situación, \"un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes de ellos (…) formarán un fondo común todos los meses, con lo que se intentará paliar las necesidades económicas de las familias de algunos de los implicados\". Este último texto muestra que las iniciativas de apoyo no...",
  "title": "Los papeles del 23-F destapan intentos de ayuda económica a los golpistas desde altas instancias"
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