Ayuso baja aún más los impuestos a las grandes fortunas mientras asfixia a la universidad pública

Madrid vuelve a moverse en la misma dirección de los últimos años. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anuncia nuevas rebajas fiscales para grandes patrimonios al mismo tiempo que las universidades públicas advierten de recortes, falta de personal y cuentas al límite. No son decisiones aisladas ni fruto de la casualidad. Responden a una forma concreta de entender lo público y lo privado. La última medida es el anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que eleva la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del 95% al 99% y amplía los familiares que pueden acogerse a ella. En la práctica, supone que las grandes herencias pagarán todavía menos. Según datos sindicales, el impacto en las arcas públicas rondaría los dos millones de euros anuales y beneficiaría a alrededor de 1.500 contribuyentes con rentas altas. Puede parecer una cifra pequeña dentro del presupuesto total de la Comunidad. Pero aquí lo importante no es solo el número, sino el mensaje. Cuando se trata de reducir impuestos a quienes más patrimonio tienen, siempre hay margen. Cuando se trata de reforzar la financiación de la universidad pública, aparecen las advertencias sobre la contención del gasto y la necesidad de ajustes. Madrid lleva años compitiendo a la baja en materia fiscal. Es una de las comunidades con menor presión sobre las rentas altas en el IRPF y prácticamente ha eliminado el Impuesto de Patrimonio. La estrategia es conocida: atraer capital, empresas y contribuyentes de alto nivel económico. El argumento oficial habla de dinamismo, libertad y crecimiento. El problema es que los ingresos públicos no son infinitos. Cada rebaja tiene un coste. Y cuando se reduce la recaudación, ese dinero deja de estar disponible para hospitales, colegios o universidades. No es una cuestión teórica. Es una relación directa: menos ingresos implican más tensión en los servicios públicos si no se compensa por otra vía. En la educación superior madrileña esa tensión ya es visible. Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno universitario, con 6.975 euros anuales. Al mismo tiempo, es la que mantiene las tasas más elevadas, con una media de 2.052 euros por curso. Es decir, el esfuerzo público es menor y el esfuerzo privado, mayor. Este desequilibrio no es neutro. Cuando las familias pagan más y la financiación pública es más baja que en otros territorios, el acceso deja de depender solo del talento y el esfuerzo. Para muchos estudiantes, estudiar en la universidad pública de su propia comunidad se convierte en una decisión económica complicada. La situación se refleja con claridad en la Universidad Complutense de Madrid, la mayor universidad presencial de España. La institución ha anunciado un recorte presupuestario de más de 33 millones de euros para el periodo 2025-2028. El plan incluye reducción de profesorado, supresión de asignaturas optativas y titulaciones, y la no reposición de plazas tras jubilaciones. Antes de eso, la universidad ya había solicitado un préstamo cercano a 34,5 millones de euros al Gobierno regional para hacer frente a su déficit estructural. Es...