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  "publishedAt": "2026-02-05T06:19:59.000Z",
  "site": "https://www.elplural.com",
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    "Sociedad"
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  "textContent": "El Gobierno estudia prohibir el acceso de los menores a las redes sociales como una de las principales respuestas al creciente impacto que el entorno digital tiene sobre la infancia y la adolescencia. La medida, presentada como una herramienta de protección frente a los riesgos asociados al uso intensivo de las plataformas, abre un debate de fondo sobre su eficacia real, los límites de la tecnología y la capacidad del Estado para regular un espacio diseñado, precisamente, para esquivar controles. La iniciativa se enmarca en una creciente preocupación social y política por el deterioro de la salud mental juvenil, el aumento de la exposición a contenidos nocivos y la adicción temprana a los entornos digitales. El Ejecutivo defiende que establecer una barrera de edad clara permitiría reducir estos riesgos y reforzar la protección de los menores, trasladando además una mayor responsabilidad a las grandes plataformas tecnológicas, hasta ahora autorreguladas en gran medida. Sin embargo, la propuesta no está exenta de interrogantes. El primero tiene que ver con su aplicación práctica. Prohibir el acceso a redes sociales implica obligar a empresas como Meta, TikTok o Google a implantar sistemas de verificación de edad mucho más estrictos que los actuales. Ya no bastaría con que el usuario declare su fecha de nacimiento, sino que debería demostrarse de forma efectiva que supera el umbral legal establecido. Y ahí surge uno de los principales escollos: no existe un método infalible para verificar la edad en internet sin generar problemas de privacidad o errores de exclusión. Australia como banco de pruebas La experiencia internacional aporta algunos elementos para el análisis. En Australia, donde desde diciembre está en vigor una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, las plataformas han eliminado más de 4,7 millones de cuentas vinculadas a adolescentes. El Gobierno australiano, encabezado por Anthony Albanese, ha defendido públicamente la medida como un éxito inicial, subrayando el respaldo recibido por parte de muchas familias y el cumplimiento formal de la normativa por parte de las tecnológicas. No obstante, las propias autoridades australianas reconocen que los datos disponibles son aún insuficientes para evaluar si la prohibición está cumpliendo sus objetivos de fondo. La comisionada de seguridad electrónica del país ha advertido de que los efectos reales de la medida solo podrán medirse a medio y largo plazo, en ámbitos como la salud mental, el rendimiento académico o el bienestar emocional de los jóvenes. Por ahora, la eliminación masiva de cuentas sirve como indicador de cumplimiento, pero no como prueba de éxito social. Además, el caso australiano ha puesto de manifiesto otra de las grandes debilidades del veto digital: la facilidad con la que muchos menores consiguen esquivar los controles. El simple cambio de la fecha de nacimiento, el uso de herramientas de verificación facial poco precisas o el recurso a redes privadas virtuales (VPN) han permitido que numerosos adolescentes sigan accediendo a las plataformas pese a la prohibición. Organizaciones de salud mental del país han constatado que uno de cada tres jóvenes...",
  "title": "El 'experimento australiano' o la gran grieta del veto: por qué la tecnología no logra mantener a los menores fuera de las redes"
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