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  "publishedAt": "2026-06-24T19:16:37.000Z",
  "site": "https://www.eldiarioar.com",
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    "Súper-rigi"
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  "textContent": "Un documento elaborado entre distintas organizaciones como Amnistía y Greenpeace cuestiona el régimen de incentivos que impulsa el Gobierno para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones. Señala que el proyecto profundiza los beneficios del RIGI sin demostrar que atraerá nuevas inversiones y pone el foco en los centros de datos para inteligencia artificial.\n\nSurgió un opositor inesperado al Súper RIGI: la Fundación Mediterránea, que reúne a grandes empresarios\n\nMientras el Gobierno defiende el Super RIGI como una herramienta para atraer inversiones de frontera tecnológica, distintas organizaciones –desde Amnistía Internacional hasta Greenpeace– sumaron más cuestionamientos al alcance y los efectos del proyecto y denuncian que la iniciativa implica un **“un cheque en blanco para las Big Tech”.**\n\nEn un documento afirman que la iniciativa que permitirá beneficios extraordinarios para grandes empresas tendrá escasas exigencias en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo local, lo que implica**“30 años de garantías, sin exigencias”.**\n\nAmnistía Internacional, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), son algunas de las 21 organizaciones de la sociedad civil que firman el documento.\n\nAllí, sostienen que el Gobierno no presentó evidencia que permita demostrar la denominada “adicionalidad” de las inversiones, es decir, que los proyectos efectivamente dependan de estos incentivos para concretarse. Los autores citan datos de Fundar según los cuales, pese a que el Ejecutivo anunció inversiones por unos US$ 124.000 millones vinculadas al RIGI, hasta el momento sólo se habrían materializado desembolsos por US$ 762 millones.\n\nDías atrás, la Fundación Mediterránea también había expresado sus críticas al proyecto. **“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”,** se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de **Osvaldo Giordano** , primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, señalaba el texto.\n\nEl proyecto que hoy trata la Cámara de Diputados crea un régimen especial para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones destinadas a “nuevas actividades económicas”. Como contó **elDiarioAR** , contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, exenciones de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años.\n\nPara sus impulsores, se trata de una herramienta destinada a captar inversiones que de otro modo no llegarían al país. Para sus críticos, en cambio, el proyecto amplifica los beneficios ya otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin resolver los problemas detectados en su implementación.\n\nLa discusión sobre el costo fiscal ocupa un lugar central entre las objeciones. Según estimaciones citadas en el informe, los beneficios otorgados bajo el RIGI podrían representar más de US$ 1.000 millones anuales de gasto tributario una vez que los proyectos entren en régimen. Para el Super RIGI, el costo potencial sería aún mayor debido a la reducción adicional de impuestos y cargas patronales.\n\nOtro de los cuestionamientos apunta a la definición misma de las actividades alcanzadas. El texto establece que podrán acceder al régimen aquellas actividades que no existan en el país o cuyo desarrollo sea experimental o piloto, pero deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de los criterios concretos para determinar qué sectores califican.\n\nLos autores sostienen que esa redacción otorga una discrecionalidad excesiva a la administración nacional. Durante las reuniones informativas en Diputados, legisladores de distintos bloques plantearon reparos similares y reclamaron que los parámetros queden definidos en la propia ley.\n\nLas críticas también alcanzan al capítulo institucional. El proyecto prevé que las controversias entre el Estado y las empresas adheridas puedan resolverse mediante arbitrajes internacionales, sin necesidad de pasar previamente por la Justicia argentina. Además, los beneficios otorgados quedarían protegidos durante tres décadas frente a eventuales cambios regulatorios.\n\nPara los detractores del régimen, esa combinación implica una limitación significativa de la capacidad futura del Estado para modificar reglas tributarias, ambientales o laborales sin exponerse a litigios internacionales. “Ningún instrumento similar ofrece más de diez años de estabilidad irrevocable en sectores de alto dinamismo tecnológico”, señala el informe al comparar la iniciativa con experiencias internacionales.\n\nLa posibilidad de que el Super RIGI sea utilizado para atraer grandes centros de datos e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial ocupa un capítulo especial del documento. La discusión cobró relevancia después de que trascendiera el interés de empresas tecnológicas internacionales por desarrollar proyectos de gran escala en la Patagonia.\n\nSegún los autores, los data centers plantean desafíos específicos vinculados al consumo de energía y agua, la concentración económica y la soberanía tecnológica. Como ejemplo mencionan las restricciones impuestas en los últimos años por Irlanda, Países Bajos y Dinamarca para limitar el impacto de estas instalaciones sobre sus redes energéticas.\n\nEl informe cuestiona además que el proyecto no incluya obligaciones concretas de transferencia tecnológica, inversión en investigación y desarrollo ni cesión de capacidad de cómputo para universidades y organismos científicos argentinos. En ese sentido, subraya una contradicción entre la búsqueda de inversiones en sectores de frontera tecnológica y el ajuste presupuestario aplicado sobre organismos como el CONICET, la Agencia I+D+i y otras instituciones del sistema científico.\n\nLas organizaciones que firman el proyecto son:\n\nAmnistía Internacional Argentina\n\nAsociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)\n\nAsociación Gremial de Computación (AGC)\n\nAsuntos del Sur\n\nATTAC Argentina\n\nCentro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF)\n\nColectivo de Acción por la Justicia Ecosocial\n\nFundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)\n\nFundación Biodiversidad\n\nGéneras\n\nGeopolítica y Bienes Comunes (GYBC)\n\nGreenpeace Argentina\n\nGrupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL)\n\nIciudad\n\nLaboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA)\n\nLatam Lab\n\nSalus Terrae\n\nTaller Ecologista\n\nThe Common Initiative Argentina\n\nTransnational Institute (TNI)\n\nEquipo Transiciones",
  "title": "Organizaciones civiles aseguran que el Súper RIGI será \"un cheque en blanco para las Big Tech\""
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