{
  "$type": "site.standard.document",
  "bskyPostRef": {
    "cid": "bafyreicisauiipsqwth5jri5vtoqm4enks2wu7bqhfecktjciad3maq3i4",
    "uri": "at://did:plc:llfmyl2ixzmpzxm7p4dvothl/app.bsky.feed.post/3mmrhsipl4j32"
  },
  "coverImage": {
    "$type": "blob",
    "ref": {
      "$link": "bafkreigxjik5oitblmwbj5nmpr6aokdeohiowpokbnkj6mz7jcdzlt6yym"
    },
    "mimeType": "image/jpeg",
    "size": 112877
  },
  "path": "/politica/inspirado-ee-uu-gobierno-envio-congreso-ley-legalizar-lobby_1_13251434.html",
  "publishedAt": "2026-05-26T14:07:08.000Z",
  "site": "https://www.eldiarioar.com",
  "tags": [
    "lobby",
    "Javier Milei",
    "Santiago Caputo"
  ],
  "textContent": "Se conoció el proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Crean un registro público de lobbyistas, obligan a los funcionarios a declarar cada reunión con privados en cinco días hábiles e incorporan figuras penales nuevas.\n\nEl Gobierno confirmó el proyecto que regula por primera vez con rango de ley algo que en Argentina siempre existió pero nunca se nombró del todo: el lobby. El texto se llama **Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses** , lo firman Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y viene a cubrir un vacío de más de dos décadas: el único antecedente era el **Decreto 1172/03** de la era Kirchner, que creó un registro acotado al Ejecutivo y solo para reuniones formales.\n\nEl corazón del proyecto es un **Registro Público de Gestores de Intereses** , digital y gratuito, donde deberán inscribirse —antes de iniciar sus actividades— todas las personas físicas o jurídicas que quieran influir en decisiones del Poder Ejecutivo o el Legislativo nacional. **Sin inscripción vigente, no se puede reunir con ningún funcionario obligado.** La ley también obliga a los sujetos obligados —el Presidente, ministros, secretarios, senadores, diputados y sus asesores— a registrar cada contacto con un gestor dentro de los cinco días hábiles de producido, bajo cualquier modalidad, dentro o fuera del país. Toda esa información será pública.\n\nEl capítulo más llamativo es el de los intereses extranjeros. Los gestores que representen a cualquier Estado, gobierno, partido, empresa o persona jurídica del exterior deben declararlo en cada contacto. La omisión o falsedad es infracción grave. Y el Título VIII incorpora figuras penales nuevas: **hacer lobby sin estar inscripto tiene pena de hasta dos años de prisión** ; representar clandestinamente intereses extranjeros en áreas sensibles —defensa, inteligencia, infraestructuras críticas, recursos naturales— puede llegar a tres años.\n\nEl modelo no es original: el propio Ejecutivo reconoce haberse inspirado en la Foreign Agents Registration Act (FARA) de Estados Unidos, una ley de 1938 que obliga a registrarse ante el Departamento de Justicia a cualquier agente de un “principal extranjero” —definición que el proyecto argentino reproduce casi textualmente—. La diferencia está en las penas: la FARA castiga con hasta cinco años de prisión y 250.000 dólares de multa. El proyecto de Milei llega en 2026 con un techo bastante más bajo. Chile, el otro modelo citado, sancionó su ley de lobby en 2014; Argentina recién está llegando.\n\nDos puntos de la letra chica concentran las mayores dudas. El primero es la autoridad de aplicación: el proyecto dice que en el ámbito del Ejecutivo será “la jurisdicción o el organismo que el Ejecutivo designe”. Es decir, el mismo Poder Ejecutivo elige quién controla si sus funcionarios declaran sus reuniones con privados. No hay un órgano independiente. El segundo es **el Poder Judicial: queda explícitamente excluido del régimen.** Las gestiones ante jueces, fiscales y defensores se rigen por su propia normativa. Las provincias, por su parte, solo pueden adherir de forma voluntaria: el lobby ante gobernaciones y legislaturas locales queda fuera del sistema hasta que cada jurisdicción decida sumarse —si es que alguna vez lo hace—.",
  "title": "Inspirado en EE.UU., el Gobierno envió al Congreso su ley para legalizar el lobby"
}