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  "publishedAt": "2026-04-28T12:49:46.000Z",
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    "Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)",
    "Diego Spagnuolo",
    "Daniel Garbellini"
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  "textContent": "A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez Lijo ordenó la ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, además de otras 30 personas. El exfuncionario protagonista de los audios que destaparon el escándalo, declara este martes en Comodoro Py.\n\nEn línea con lo solicitado por los **fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 35 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS),** entre ellas su extitular, ya procesado,**Diego Spagnuolo,** quien este martes declara en Comodoro Py, donde arribó poco antes de las 9. También será el turno de su segundo en el organismo, **Daniel Garbellini. Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo**.\n\n**La lista incluye** la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como **Spagnuolo** ; **el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete** , presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías. Además, deberán pasar por los tribunales Andrés Horacio Arnaudo, Federico Maximiliano Santich, Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.\n\n**“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo,** en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.\n\nAsimismo, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—”, sostuvo el magistrado.\n\nLa causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.\n\nSpagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.\n\nLa investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.\n\n## **Un entramado entre funcionarios y empresarios**\n\n**De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian.** A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.\n\nEl expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.\n\nEstos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.\n\n## **Simulación de competencia y sobreprecios**\n\nLos fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.\n\nAdemás, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.\n\nLa causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.\n\n## 19 procesados\n\nHasta el momento, **19 personas ya fueron procesadas por el juez Sebastián Casanello (quien estuvo al frente de la causa hasta que dejó la subrogancia del Juzgado Federal 11 en febrero pasado y el sorteo cayó en manos de Ariel Lijo), consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita**. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.\n\nCon la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.\n\nLa resolución judicial sostiene que, entre **diciembre de 2023 y octubre de 2025** , la ANDIS fue utilizada como **“centro de operaciones” de un esquema delictivo** que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.\n\nAdemás de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados **Daniel María Garbellini** , su mano derecha dentro de la agencia, y **Miguel Ángel Calvete** y **Pablo Atchabahian** , operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras.\n\nTambién fueron procesados, como integrantes y partícipes: **Diego Martín D’Giano** (exdirector de Prestaciones Médicas), **Roger Edgar Grant** (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), **Eduardo Nelio González** (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), **Lorena Vanesa Di Giorno** (empleada vinculada a Calvete), **Luciana Ferrari** (exfuncionaria), **Andrés Horacio Arnaudo** (vinculado a Droguería Génesis), **Silvana Vanina Escudero** (vinculada a Droguería New Farma), **Alejandro Gastón Fuentes Acosta** (vinculado a Droguería Floresta), **Patricio Gustavo Rama** , **Federico Maximiliano Santich** , **Guadalupe Ariana Muñoz** , **Julio César Viera** , **Ornella Calvete** , **Patricia Canavesio** y **Ruth Noemí Lozano.**\n\n## **Compras direccionadas y sobreprecios**\n\nEl corazón de la maniobra investigada fue el sistema de **compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI)** , utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.\n\nDe acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de **“compulsas especiales”** , en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.\n\nEl expediente detalla que, como resultado de este sistema, **cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones** en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los **30 mil millones de pesos**. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.\n\n## **Pagos indebidos y acceso irregular al sistema**\n\nLa investigación también dio por probado que el esquema incluyó **pagos indebidos y retornos a funcionarios** de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido **acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS)** , utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.\n\nEl fallo describe una **confusión deliberada entre intereses públicos y privados** , en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.\n\nEn 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.\n\nLas pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.\n\n## **El origen de la causa**\n\nLa causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado **Gregorio Dalbón** , basada en información periodística y en la difusión de **audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei** , en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un **volumen amplio de pruebas** incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.\n\nDurante la investigación también se encontraron **sumas importantes de dinero en efectivo** en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.\n\nSegún la resolución de Casanello, quien subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que **el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización** , en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.\n\nPara el magistrado que llevó la primera parte de la causa, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, **un entramado de corrupción institucional** que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.\n\nAdemás, Casanello advirtió la existencia de **un “esquema delictivo”** que “**pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados**. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “**la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades**. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.",
  "title": "Con la indagatoria a Spagnuolo, comienza una nueva ronda de declaraciones por la causa ANDIS"
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