Denuncian penalmente a Sturzenegger por el contrato millonario de Cancillería con la entidad que dirige su esposa

La adjudicación por más de $114 millones a la entidad que dirige la esposa del ministro de Desregulación es para capacitar en inglés al personal diplomático. El caso ya escaló a la Justicia con denuncias por irregularidades y falta de transparencia. La oposición prepara una presentación.

La Canciller ía argentina adjudicó un contrato por $114.044.133 a la Asociaci ón Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés destinados a personal diplomático, en un proceso que derivó en dos denuncias judiciales y reavivó el debate sobre los mecanismos de transparencia en la contratación pública. La entidad es dirigida por Mar ía Josefina Roulliet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El acuerdo se tramitó mediante una adjudicaci ón simple por especialidad y prevé la capacitación de 132 agentes entre marzo y noviembre , con cursos regulares, talleres y evaluaciones de nivel. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opci ón de prórroga, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.

El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

Según documentos oficiales, la propuesta presentada ante el Ministerio fue preparada por Roulliet y la adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición 21/2026, publicada en el sistema COMPR.AR.

Avales oficiales y procedimiento de integridad

Por tratarse de una persona pol íticamente expuesta, el expediente activó el procedimiento previsto en el decreto 202/2017 , con intervención de la Oficina Anticorrupci ón (OA) y la Sindicatura General de la Naci ón (SIGEN). Ambos organismos avalaron la operación tras la firma de un Pacto de Integridad orientado a prevenir conflictos de interés.

El polémico contrato que provocó denuncias penales.

El contrato renueva un vínculo vigente desde 2018. En el sistema oficial también figura una contratación previa realizada en 2024 , cuando —según el Gobierno— Sturzenegger a ún no ocupaba un cargo ministerial, aunque se desempeñaba como asesor ad honorem del presidente Javier Milei.

Tras la difusión del caso, el canciller Pablo Quirno aseguró que “ no hay absolutamente ninguna irregularidad” y destacó que la AACI presta servicios de capacitación desde hace años. Por su parte, el presidente Javier Milei, defendió la cuestionado adjudicación al repostear la defensa que hizo el canciller Quirno.

La defensa de Milei a la cuestionada y millonaria adjudicación de Cancillería con la entidad que dirige la esposa del ministro de Desregulación.

Denuncias y cuestionamientos

Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio anticipó que presentará una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py contra Sturzenegger y Roulliet por considerar “irregular” la contratación y reclamar que se investigue un posible conflicto de interés.

A esa presentación se sumó este lunes otra denuncia penal, impulsada por los abogados Jos é Lucas Magioncalda y Juan Mart ín Fazio, quienes solicitaron que se investigue la presunta omisi ón de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada vinculada al caso, un paso contemplado en el decreto 202/2017.

Los denunciantes —que se identificaron como integrantes de la agrupación Reset Republicano— sostuvieron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, no figuraban registros sobre la recepci ón de la declaración jurada al 15 de febrero, lo que, a su entender, habría afectado un requisito “clave” de transparencia.

El escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario p úblico y negociaciones incompatibles , y pidió además verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada respecto de un contrato previo entre las mismas partes.

Roulliet ya había ocupado cargos vinculados al sector público: durante el gobierno de Mauricio Macri fue designada al frente del Fondo Nacional de las Artes , puesto que dejó tras la implementación de un decreto que limitó la designación de familiares de funcionarios. Posteriormente participó en proyectos culturales financiados mediante regímenes de mecenazgo del gobierno porteño, iniciativas que generaron cuestionamientos políticos.

“ Voy a denunciar este contrato para que la Justicia determine si hubo o no un conflicto de interés”, afirmó Di Tullio.