El Congreso protegerá los derechos digitales frente a los bloqueos de IP como los de LaLiga y Telefónica

Tanto LaLiga como Telefónica podrían quedarse sin su mecanismo favorito para impedir la retransmisión de contenidos por internet sin su permiso: el bloqueo de direcciones IP. La presión ejercida por ERC, socio parlamentario clave para el actual Gobierno, ha conseguido que salga adelante una iniciativa que pide cambios legales para prohibir los bloqueos indiscriminados.

Después de más de un año mirando para otro lado, los poderes públicos empiezan a ser conscientes del desastre que supone permitir que entidades privadas decidan el bloqueo de partes de la red a discreción para proteger intereses particulares.

El Grupo Parlamentario Republicano pidió al Gobierno, en octubre de 2025, que intervenga urgentemente para frenar los "efectos colaterales masivos" de los bloqueos de LaLiga y Movistar+. La respuesta del ejecutivo en aquel momento fue que no había recibido quejas de sobre bloqueos, pero que estarían pendientes de la evolución de la situación.

A las protestas por los bloqueos se sumó poco después Sumar, socio de Gobierno. Fue entonces cuando por primera vez el Gobierno admitió que se estaban produciendo "efectos colaterales" y se mostró dispuesto a mantener un "diálogo activo" con los afectados.

La novedad más reciente es que por primera vez una iniciativa contra los bloqueos sale adelante en el Congreso. Ayer miércoles, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital aprobó con los votos a favor de ERC, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Compromís, una iniciativa no legislativa que exige el fin de los famosos bloqueos a cañonazos.

Resultados de la votación. PP y Vox votaron en contra.

Indemnizaciones por sobrebloqueos

La "Proposición no de Ley para garantizar la proporcionalidad y la protección de los derechos digitales frente a los bloqueos de IP ordenados judicialmente"1 consta de 6 puntos, donde se pide un nuevo marco normativo que regule cómo se bloquea.

La iniciativa busca establecer un "mecanismo de supervisión interministerial" que estaría compuesto al menos por los ministerios de Justicia, Cultura y el de Transformación Digital. Su trabajo será evaluar en forma continua el impacto que tienen las órdenes de bloqueo sobre servicios y aplicaciones legítimas, promoviendo "soluciones técnicas alternativas que preserven los derechos digitales".

La reforma legal llegará dentro de la Ley de Servicios Digitales y la de Propiedad Intelectual, que deberán incorporar "el principio de proporcionalidad tecnológica" y la "responsabilidad subsidiaria de los titulares de los derechos", lo que obligaría a pagar por los daños producidos por los sobrebloqueos.

El texto pide "garantizar que el derecho a la información, la libertad de expresión y la innovación social digital sean considerados derechos protegidos frente a medidas tecnológicas indiscriminadas" y la apertura de un diálogo entre operadoras, titulares de derechos, plataformas de internet y administración para "definir un protocolo de buenas prácticas ".

Finalmente, exige que el Gobierno adopte "una posición activa ante el poder judicial para garantizar que las órdenes de bloqueo cumplan con el principio de proporcionalidad y minimicen el impacto sobre la ciudadanía".

1. 161/002757