El Gobierno obliga a todas las operadoras a ofrecer 100 Mb universales a precio asequible en su zona de cobertura

El Gobierno tiene listo el Reglamento que cambiará la forma en la que se presta el servicio universal a partir del próximo año, aumentando sus prestaciones y haciéndolo más económico para los hogares con rentas bajas.

El servicio universal de telecomunicaciones garantiza desde el año 2005 que cualquier ciudadano español pueda acceder a telefonía fija e internet con un mínimo de calidad independientemente de donde viva. Telefónica ha sido desde entonces el encargado de prestarlo, pero esto cambiará en el futuro.

Aunque tener una conexión a internet garantizada por ley suena bien y en el momento de su llegada el servicio universal levantó mucha expectación, en la práctica se ha convertido en un servicio residual que solo contratan consumidores poco informados. Hasta 2022, el servicio universal se seguía ofreciendo con una velocidad de 1 Mbps de descarga y 256 kbps de subida, junto con un límite mensual de descarga de 5GB, condiciones claramente insuficientes para el uso medio de internet en aquel momento.

La Ley General de Telecomunicaciones de 2022 aumentó la velocidad a 10 Mbps en un primer momento y estableció un plazo para que se aumente a 100 Mbps. Esto se produjo con el lanzamiento de Conectate 35, el servicio subvencionado por satélite que es prestado por Hispasat, cuyo éxito ha sido limitado.

El programa Conectate 35 finaliza en 2027, así que el Gobierno ultima la reforma del servicio universal para seguir garantizando los 100 Mbps, "con lo que España se convertirá en el primer país de Europa y de los primeros del mundo junto con Corea del Sur en ofrecer esta velocidad dentro del Servicio universal". El proyecto de Real Decreto, en proceso de consulta pública, introduce además algunas novedades importantes.

Banda Ancha Universal de 100 Mb para 2027

Los 100 Mbps universales tendrán 5 Mbps de velocidad de subida bruta y una latencia máxima de 690 ms, una cifra mucho más elevada de la que presenta la fibra o las redes móviles, claramente pensada para que participe la industria del satélite tradicional geoestacionario. Además podrá tener límites de descarga que no se concretan.

No solo los ciudadanos tendrán derecho a tener fijo e internet en condiciones universales, sino que también podrán exigir su prestación microempresas, pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

En la parte vocal, una novedad importante es la obligación de ofrecer Texto en Tiempo Real RTT. Se trata de una función que ya ofrecen operadores como Movistar, que permite leer y escribir texto en pantalla durante el transcurso de una llamada. Esta prestación se introduce para que el servicio universal sea accesible para personas con discapacidades: ciegos, sordos y tartamudos. Las operadoras tendrán que ofrecer terminales asequibles adaptados para estos clientes: teléfonos de texto, videoteléfonos y teléfonos con amplificación.

Usando RTT desde un terminal Samsung con Movistar

El precio del servicio universal ha de ser asequible para consumidores con rentas bajas o necesidades sociales. Además, todas las operadoras tienen que ofrecer un abono social de telefonía fija o banda ancha. Si el cliente es perceptor del Ingreso Mínimo Vital, el precio del abono deberá ser como mínimo un 25% más barato que la tarifa comercial equivalente.

Aunque Telefónica ha sido durante más de dos décadas la operadora encargada de prestar el servicio universal, la reforma obliga a que todas las telecos lo ofrezcan dentro de su zona de cobertura, allí donde ya ofrecen al menos 100 Mbps. En el resto del territorio, el Ministerio para la Transformación Digital podrá designar de forma directa o por licitación a uno o varios operadores como encargados, financiando el coste entre todos los operadores con facturación superior a 100 millones de €.