Luego de una nueva rectificación, la Justicia solicitó la última declaración jurada de Francisco Adorni

En el marco de la causa en su contra por enriquecimiento ilícito, la Justicia solicitó la última declaración jurada de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, luego de que la rectificara por segunda vez en el año con modificaciones en la valuación de un inmueble y nuevas incorporaciones. El pedido estuvo a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan, ante los nuevos cambios que informó el actual legislador bonaerense ante la Oficina Anticorrupción (OA). El objetivo es determinar si hubo un "incremento patrimonial no justificado" desde que asumió un cargo público a fines de 2023, con la asunción de Javier Milei. Según la documentación, el diputado provincial por La Libertad Avanza bajó el valor del 50% de la casa que posee en La Plata: el número pasó de $67,5 millones a $52,6 millones. Cabe resaltar que la rectificación anterior fue en mayo pasado. A su vez, incorporó cinco cajas de ahorro con un total de $2 millones. TE PODRÍA INTERESAR: Dudas por la explicación de Adorni: el video que expone la contradicción sobre sus inversiones en bitcoins En la modificación previa, Adorni había sumado $21 millones por parte de una herencia y había actualizado los números del crédito que mantiene con Banco Provincia. En la denuncia, impulsada por la diputada nacional, Marcela Pagano, figura que el hermano de vocero canceló 12 cuotas de un préstamo hipotecario por $60 millones, una cifra que no se condeciría con su patrimonio. En aquella declaración, indicó todavía debía $57 millones y que a principio de 2025 la deuda ascendía a $45 millones. Para conocer todos los movimientos, la Justicia pidió el mes pasado un informe al Banco Provincia con "detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento". El legislador se encuentra imputado por presunto enriquecimiento ilícito y la investigación se centra desde fines de 2023 cuando inició su camino en la administración pública. Según lo declarado ante la OA, pasó de un patrimonio de $43,7 millones en 2024 a $80,5 millones en 2025. En ese contexto, semanas atrás el juez Sebastián Casanello ordenó un procedimiento para recolectar toda la información vinculada al paso del acusado por la gestión pública, incluyendo los cargos que ocupó y el salario que habría percibido en cada momento.