Tras dejar fuera del temario el pliego de Michelli, el Senado trata otras 50 designaciones judiciales

Luego de que el Senado postergara el tratamiento del pliego de la jueza María Verónica Michelli, la Cámara alta sesiona este jueves desde las 11 para tratar otras 50 designaciones de magistrados federales propuestos por el Poder Ejecutivo. La agenda fue definida durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel e incluye la discusión sobre un proyecto de propiedad privada y el pago a dos fondos buitre. Los nombramientos forman parte de un paquete de 73 postulaciones que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto. El oficialismo buscará avanzar con la aprobación de la mayoría de los candidatos para cubrir vacantes en distintos tribunales federales del país. En cambio, otros 23 nombramientos quedaron excluidos de la sesión, como por ejemplo el de Juan Manuel Mejuto, señalado por sectores del oficialismo y de la UCR por su cercanía con el kirchnerismo y la agrupación Justicia Legítima. La decisión de postergar el tratamiento del pliego de Michelli intenta descomprimir las tensiones que se generaron puertas adentro de La Libertad Avanza. La controversia surgió luego de que el presidente Javier Milei solicitara retirar la candidatura de la magistrada y la senadora Patricia Bullrich anticipara que no acompañaría esa decisión, que se discutirá en una nueva sesión la semana que viene. Además de los nombramientos judiciales, el Senado debatirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno. Esta iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego Asimismo, se tratará otra que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitres USD 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.