Los 10 denunciantes de Marcelo Porcel ya tienen botón antipánico y al empresario se le colocó la tobillera electrónica

La causa que investiga al empresario Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales contra alumnos del Colegio Palermo Chico sumó en las últimas horas nuevas medidas de resguardo para las víctimas. Los diez adolescentes que lo denunciaron recibieron botones antipánico entregados por la Policía de la Ciudad, mientras que este miércoles finalmente se concretó la colocación de la tobillera electrónica al acusado. Los dispositivos asignados a los jóvenes consisten en teléfonos celulares con una aplicación especial que permite emitir una alerta inmediata ante cualquier situación de riesgo. La medida busca garantizar una rápida intervención de las fuerzas de seguridad en caso de que se produzca algún incumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia. La implementación del monitoreo electrónico sobre Porcel se demoró más de lo previsto. Según trascendió, la fuerza encargada de colocar el dispositivo aguardaba información complementaria requerida al juzgado, entre ella el domicilio exacto del imputado y el rango de distancia que debía respetar respecto de las víctimas y sus entornos familiares. Ante esa demora, el abogado de los denunciantes, Pablo Hawlena Gianotti, presentó dos escritos ante el magistrado a cargo de la causa para reclamar una pronta ejecución de la medida. El letrado advirtió que ya habían transcurrido varios días desde que la Cámara confirmó la decisión judicial sin que se hubiera concretado la colocación de la tobillera. La orden había sido ratificada la semana pasada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. En la resolución, los jueces dispusieron la "inmediata colocación del dispositivo" de geolocalización para controlar el cumplimiento de la prohibición de acercamiento que pesa sobre el empresario, una decisión que fue comunicada oficialmente el jueves por la noche. Porcel está procesado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, además de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al acusado, donde los adolescentes, de entre 11 y 15 años, eran llevados bajo vínculos de confianza construidos con sus familias y, según la acusación, expuestos a situaciones de contenido sexual tras el suministro de alcohol y distintas maniobras de manipulación.