Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió el decomiso del departamento donde Cristina Kirchner está detenida

En un nuevo avance en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario. El pedido se inscribe dentro de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los $685.000 millones. El departamento figura entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía. Según el dictamen, ese inmueble -al igual que otros activos- estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y, por lo tanto, debería ser incorporado al decomiso para contribuir a resarcir el daño económico. La inclusión de esta propiedad tiene un carácter simbólico y jurídico relevante, ya que se trata del domicilio actual de la expresidente y uno de los bienes más visibles del patrimonio en discusión. UN PEDIDO MÁS AMPLIO El requerimiento de Luciani no se limita al departamento de Constitución. La fiscalía presentó un listado más amplio que contempla 141 inmuebles (13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez), 46 autos, USD 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de su hija, Florencia, USD 992.134 depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos. El conjunto de activos forma parte de lo que el Ministerio Público define como una "segunda tanda" de decomisos, destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la firmeza de la condena. Además del departamento porteño, el listado incluye algunos de los activos más representativos del patrimonio vinculado a la causa, entre ellos los hoteles Alto Calafate y La Aldea, este último en El Chaltén, el chalet de la costanera en Río Gallegos, y propiedades y terrenos en Santa Cruz. Estos bienes se suman a la primera etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados. LOS FUNDAMENTOS DE LA FISCALÍA En su dictamen, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El fiscal recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, "no han depositado ni un solo peso", lo que habilita la ejecución de sus bienes. El pedido quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que debe resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución. En paralelo, la defensa de Cristina y de sus hijos continúa intentando frenar la ejecución patrimonial mediante recursos judiciales, que podrían llegar a la Corte Suprema.