Lavado en casinos de Las Vegas: imputaron a 23 acusados e incautaron medio millón, autos de lujo y joyas

La causa por presunto lavado de activos y contrabando de divisas motivó esta semana una serie de medidas judiciales y policiales en varias localidades del país: unas treinta diligencias de allanamiento ordenadas por la Justicia federal culminaron con la imputación de al menos 23 personas y el secuestro de bienes de distinto tipo. Entre lo incautado figuran más de medio millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, alhajas y equipos electrónicos, según informaron fuentes oficiales. Las pesquisas se orientan a una organización con base en Argentina que, según la investigación, desplegaba maniobras financieras complejas vinculadas a salas de juegos en Las Vegas. Ese nexo internacional cobró relevancia cuando el complejo turístico Resorts World Las Vegas denunció ante la Justicia estadounidense movimientos irregulares que habrían involucrado operatorias de juego y trasvases de dinero con personas radicadas en el país. Entre los nombres que salieron a la luz en etapas anteriores del expediente aparecen exfutbolistas y un periodista, como José "Turu" Flores, Sergio "Bruja" Berti y Quique Felman, lo que generó repercusión pública y motivó detenciones temporales fuera del territorio nacional. El caso del comunicador que permaneció detenido durante días en Miami ilustró la dimensión transfronteriza de las diligencias y la cooperación entre jurisdicciones para avanzar en la pesquisa. La investigación, según consignaron las fuentes judiciales, apunta a un presunto cabecilla identificado como Maximiliano Palermo, quien habría contado con ayuda de familiares y conformado una organización articulada por distintas funciones. El grupo disponía de colaboradores dedicados a la captación de nuevas personas, operadores que facilitaban las transferencias y responsables de la logística financiera. El método de captación descrito por la pesquisa se basaba en la oferta de viajes totalmente costeados —pasajes, estadía y viáticos— a personas con visado estadounidense vigente. Los reclutadores ofrecían comisiones que rondaban los USD 7.000 por cada viajero logrado, e incorporaban tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas que reunían los requisitos migratorios para ingresar a Estados Unidos. Además, la causa reveló que algunas víctimas eran preparadas antes del traslado en un espacio que reproducía el ambiente de un casino, con mesas de Baccarat y Blackjack, donde se les entregaban manuales y directrices de juego. Ese entrenamiento aparente formaba parte de un esquema para instrumentalizar la actividad lúdica y los flujos de dinero en beneficio de la organización, ahora bajo investigación judicial y con múltiples imputados y bienes secuestrados.