La UBA le solicitó a la Corte Suprema que se expida a la “brevedad” en la causa por el financiamiento universitario

Luego de la multitudinaria marcha que colmó la Plaza de Mayo y se replicó en diversos puntos del país y del intento del Gobierno por minimizarla, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que se expida a la "brevedad" en relación a la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "El Consejo Superior de la UBA solicita a la Corte Suprema que, en el marco de la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, se expida a la mayor brevedad", comunicó la principal casa de estudios del país. El mensaje fue difundido luego de una reunión del principal órgano de gobierno de la UBA y tras conocerse que el Máximo Tribunal quedó en condiciones de resolver el expediente. Cabe resaltar que hasta que los jueces no avancen, la ejecución de la normativa está suspendida. El proyecto fue aprobado por el Congreso y luego vetado por Javier Milei. Los legisladores insistieron y lograron el apoyo necesario, pero el Gobierno limitó su implementación con la sanción del Presupuesto 2026. En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar para su aplicación que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. Como respuesta, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte, bajo el argumento de que los artículos 5 y 6 de la ley provocarían un "grave e irreparable perjuicio al Estado". Este jueves, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti podrían emitir sentencia en la reunión de acuerdos. El Máximo Tribunal puede rechazar el recurso sin tratar de fondo la cuestión -lo cual obligará al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades- o avanzar hacia una sentencia definitiva. A su vez, podría girarle el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emitiera opinión. Sin embargo, no hay plazos establecidos para que se pronuncie, por lo cual la causa podría tardar más tiempo en resolverse. La ley cuestionada establece la actualización automática de las partidas destinadas a las universidades, incluyendo la recomposición salarial docente y no docente, y la garantía de fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.