El Senado empieza a debatir la reforma electoral: tensión entre el oficialismo y los aliados por Ficha Limpia

Ante la orden del Poder Ejecutivo Nacional de mantener el texto tal cual lo envió al Congreso y luego de pujas con los aliados a los que no les permitió habilitar el tratamiento separado de la iniciativa conocida como Ficha Limpia, el Senado comienza este miércoles a debatir en comisiones la ley de reforma política y electoral impulsada por La Libertad Avanza. La comisión de Asuntos Constitucionales iniciará a las 16 el análisis del amplio proyecto: el paquete incluye múltiples cambios en distintas áreas, entre ellos el plato fuerte sobre la eliminación las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La conducción de la reunión estará a cargo de Agustín Coto, representante por Tierra del Fuego, quien tendrá un rol clave para ordenar la discusión. Podría acompañarlo, como en ocasiones previas, la también oficialista neuquina Nadia Márquez. Se esperan intervenciones encendidas incluso de los legisladores dialoguistas, que probablemente exigirán explicaciones y plantearán reparos por las trabas manifestadas desde el oficialismo. En lo que respecta al texto remitido por el gobierno de Javier Milei, todavía no contaría con los avales suficientes en la Cámara alta. En particular, la propuesta de eliminar las PASO no alcanza por ahora las mayorías necesarias: para modificar el régimen electoral se requiere la mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos afirmativos. La bancada de La Libertad Avanza dispone de 21 legisladores, por lo que -una vez más- le resultará imprescindible sumar apoyos de la UCR, el PRO y distintos representantes provinciales para que la iniciativa avance. Desde varios bloques surgieron distintas alternativas sobre el futuro de las primarias: algunos plantean, por ejemplo, eliminar la "O" de "obligatorias" para convertir las PASO en un mecanismo optativo, como lo propuso el jefe del radicalismo, Eduardo Vischi. En el articulado presentado por el oficialismo reaparece, además, la posibilidad de exigir la marcación de "lista completa", una casilla que fue suprimida cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP). Entre las normas que generan mayor rechazo figuran la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de espacios gratuitos de publicidad y el aumento de límites a la financiación pública frente a una ampliación de los aportes privados. Estas modificaciones plantean efectos inmediatos sobre la estructura de recursos de las fuerzas políticas y sobre la dinámica de las campañas electorales. Otras medidas contenidas en el proyecto preocupan a fuerzas minoritarias: el endurecimiento de los avales y los requisitos para conservar la personería jurídica de los partidos, como la caducidad automática de sellos que no participen en dos comicios consecutivos o que no alcancen al menos el 3% de los votos en dos elecciones sucesivas, podría perjudicar a agrupaciones pequeñas. La intención oficial, por su parte, es limitar la proliferación de sellos circunstanciales y evitar el acceso indiscriminado a fondos estatales. Además, la iniciativa habilita la inclusión de cargos locales -por ejemplo, legisladores provinciales o concejales- en las listas cuando coincidan cronológicamente con comicios provinciales, lo que posibilita que gobernadores aliados de La Libertad Avanza se beneficien de un efecto arrastre sobre candidaturas locales en elecciones concurrentes con las nacionales. Esa disposición introduce un factor adicional en el cálculo de alianzas y candidaturas a nivel territorial. El debate de esta jornada pondrá en evidencia las tensiones entre la búsqueda de reglas más estrictas para ordenar el sistema de partidos y las críticas por un posible sesgo hacia fuerzas con mayor capacidad de financiamiento privado y estructura territorial, en un contexto en que el resultado de estas deliberaciones marcará la cancha de cara a las próximas elecciones generales de 2027.