La disputa entre el Gobierno y las universidades por la ley de financiamiento avanza a la Corte Suprema

Este jueves el Ejecutivo nacional recibió un nuevo guiño de la Justicia en lo que respecta a la disputa que mantiene con las casas de altos estudios por la Ley de Financiamiento Universitario, al quedar habilitada la llegada del caso al Máximo Tribunal. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo concedió "la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", precisó en un comunicado el ministerio de Capital Humano. "Cabe recordar que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas", agregó la cartera liderada por Sandra Pettovello. En el mismo sentido, sumó: "El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado". El conflicto se centra en la aplicación de la citada ley, sancionada en 2025, cuya ejecución el Poder Ejecutivo cuestiona y vetó parcialmente primero y luego volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su aprobación. El argumento oficialista para oponerse a pesar de la decisión del Poder Legislativo es que la normativa no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla. Este argumento ya había sido rechazado por la propia Sala III el 31 de marzo pasado, cuando confirmó la cautelar dictada en primera instancia que ordenaba al Estado cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a salarios y becas. Más allá de ese revés, desde la Casa Rosada insistieron con la misma estrategia judicial y presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar un impacto sobre el equilibrio fiscal. La nueva resolución de cámara fue firmada por los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira abre la puerta para que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti intervengan en una de las disputas políticas y presupuestarias claves entre la Casa Rosada y el sistema educativo universitario. Los tres magistrados más importantes del Poder Judicial deberán determinar si toman el caso y qué alcance le darán al reclamo del Ejecutivo. En paralelo, el debate sobre la aplicación concreta de la ley sigue abierto y en Balcarce 50 negocian para impulsar una nueva ley que reduzca el costo fiscal de la ley vigente.