Caso Adorni: declara el hijo de una de las jubiladas que le prestaron USD 200.000 y peritarán el celular de Tabar
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May 6, 2026
La investigación judicial a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito avanzará este miércoles con la declaración en los tribunales de Comodoro Py de Leandro Miano, el hijastro de una de las jubiladas que le financió USD 200.000 del departamento del barrio porteño de Caballito que adquirió el jefe de Gabinete y donde actualmente vive con su familia. Se trata del pariente político de Claudia Sbabo, una de las dos propietarias que le vendieron con posibilidad de pago a plazo la unidad de unos 200 metros cuadrados que, según consta en la escritura, fue comprada por Adorni por USD 230.000, de los cuales solo abonó USD 30.000 en efectivo. Miano fue citado por ser uno de los organizadores clave en la transacción y porque actuó como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada vinculada en el caso, Beatriz Viegas. En el marco de la causa que estudia los gastos del funcionario y su capacidad de solventarlos a partir de sus ingresos declarados, se ordenó además el peritaje del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista de las refacciones de otra propiedad que la familia del también portavoz presidencial compró y remodeló en el country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. El pasado lunes, había indicado al fiscal Gerardo Pollicita que dichas obras costaron USD 245.000 y que los pagos se hicieron sin facturación. A pesar de los testimonios y las pruebas que parecen complicar cada vez más a Adorni, el Ejecutivo nacional continúa defendiendo a su integrante, quien el 29 de abril último negó en el Congreso haber cometido algún tipo de delito durante su presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados. Tras conocerse los dichos de Tabar ante la Justicia, desde el Gobierno reiteraron esta semana que el jefe de los ministros es inocente. La medida de análisis del dispositivo móvil apunta a evaluar las comunicaciones mantenidas entre Tabar, Adorni y su entorno, con el objetivo de determinar la trazabilidad de los pagos y el vínculo entre las partes durante la ejecución de la obra. El propio contratista puso su teléfono a disposición de la fiscalía para que realice las pericias técnicas.
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