La Comisión de Acusación del Consejo de la Mgistratura aprobó la citación del polémico juez rosarino Gastón Salmain

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura sesionó este miércoles y aprobó la citación del juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien afronta un procesamiento confirmado por haber emitido un fallo a pedido de una financiera para que esa empresa accediera a USD 10 millones al tipo de cambio oficial durante el período de cepo cambiario, a cambio de una coima de USD 200.000. Además, resolvió que las últimas medidas de prueba solicitadas por el denunciado se efectúen una vez realizado el descargo escrito o presencial del magistrado. Por su parte, la misma Comisión postergó la aprobación de la citación del juez Alejandro Patricio Maraniello, ya que el magistrado denunciado hizo un pedido de prueba a último momento, que fue atendido. Las acusaciones contra Maraniello provienen de frentes heterogéneos: la propia Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal remitió actuaciones en su contra; la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial radicó dos causas por separado; un legislador porteño y una diputada nacional suscribieron una denuncia conjunta; y una particular identificada en las actuaciones como "R.M.M." presentó otra por su cuenta. A ese conjunto se agregan relatos de magistrados y agentes judiciales sobre abusos y maltratos en el juzgado, y el testimonio de una joven que describió un episodio de abuso sexual. Posteriormente, sesionó la Comisión de Administración Financiera y aprobó distintas cuestiones relativas a la administración del Poder Judicial. Entrada la tarde, fue el turno de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación, en la que se escuchó a los representantes de la sociedad civil sobre la acordada 4/26 de la Corte Suprema, en la que se aprobó el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. Allí expusieron sus posturas la magistrada Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA); Julián Alfie, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y Clara Lucarella, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).