Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario que pone en vigencia la ley de eutanasia en Uruguay

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que regula la eutanasia, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2025. De esta manera, el país vecino se convirtió en el tercero de la región y undécimo en el mundo en legalizar la denominada "muerte digna" para pacientes que presentan cuadros de extrema gravedad. "Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha", detalló el mandatario. "La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas", consideró. "Hace seis meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno", agregó y apuntó que, con esa base, firmó la ley de eutanasia "tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades" LA APROBACIÓN DE LA LEY La ley de muerte digna fue aprobada en el Senado, con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición. La redacción contó con los 17 votos de la bancada del Frente Amplio, que tiene mayoría en la Cámara alta, de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y los colorados Ope Pasquet, que relevó por esa jornada a Robert Silva, y Heber Duque, suplente de Andrés Ojeda. Tras la aprobación de la misma redacción que tuvo luz verde en Diputados dos meses antes, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, fue a través de fallos de sus cortes constitucionales. LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROCESO Y LAS ETAPAS QUE EXISTEN La ley aprobada habilita la eutanasia a personas mayores de edad, "psíquicamente aptas", que cursen la "etapa terminal de una patología incurable e irreversible" o padezcan por ello sufrimientos "insoportables", con "grave y progresivo deterioro" de su calidad de vida, dice el informe. Cada caso será analizado por un equipo multidisciplinario en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento.