La novia que se casó en la Quebrada de las Conchas se defendió tras la boda en la zona protegida: “El trámite estaba”

La polémica por la boda realizada en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, sumó un nuevo capítulo luego de que la novia, Nicole Pocovi, defendiera la legalidad del evento tras la denuncia penal impulsada por la secretaría de Ambiente de Salta por presuntas irregularidades en la autorización. "Nos confirmaron que el trámite estaba realizado", aseguró. En declaraciones públicas ante el escándalo que se desató por la realización del evento en una zona protegida, la empresaria aseguró que la responsabilidad por los permisos recaía en los dueños del predio y en los organizadores. "Nos confirmaron que el trámite estaba realizado. Por nuestra parte, no es habitual que el cliente verifique los permisos", sostuvo en un mensaje enviado al programa de Sergio Lapegüe en América TV. La investigación se centra en la posible falsificación de un documento presentado como autorización oficial, tras una denuncia contra Lucía Belén Grajales Soriano, miembro de una familia dueña de una finca dentro del área protegida. Así, Pocovi explicó que el lugar donde se realizó la ceremonia es una "propiedad privada" perteneciente a la familia Soriano desde hace "más de 60 años". En esa línea, remarcó que el espacio es de "uso intensivo" y que allí se han realizado "filmaciones" y eventos de gran escala, "como el Dakar". Además, la empresaria afirmó que antes del casamiento se llevaron a cabo estudios de impacto ambiental y que durante la celebración hubo presencia "de guardaparques", para dar "recomendaciones sobre el cuidado del entorno". Según la versión de la recién casada, cuando las autoridades se presentaron en el lugar durante el festejo, "pudieron constatar que no existía ninguna violación a las normas ambientales ni daño en el predio". Desde el Gobierno provincial indicaron que la constancia es apócrifa y señalaron que la firma del secretario Alejandro Aldazábal habría sido incorporada de manera irregular, lo que motivó la apertura de una causa penal y un expediente administrativo. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y podría derivar en sanciones económicas significativas, si el Gobierno provincial determina que efectivamente hubo una falsificación del permiso en cuestión.