Ley de Glaciares: récord con más de 100.000 inscriptos para las audiencias públicas de esta semana

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para iniciar después del fin de semana XXL las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, que tiene media sanción del Senado y La Libertad Avanza espera aprobar durante la primera quincena de abril, la participación popular prevista para las jornadas del próximo miércoles y jueves alcanzó un récord histórico, con más de 100.000 inscriptos. La convocatoria para sumarse al reclamo contra las modificaciones propuestas por el oficialismo, un total de 102.116 personas se anotaron en todo el país, según difundió el abogado ambientalista Enrique Viale. Ambas jornadas están previstas entre las 10 a 19, con posibilidad de que se extiendan hasta la medianoche en caso de ser necesario, según la concesión que hicieron los libertarios a quienes pidieron ampliar las jornadas de presentaciones. Finalmente, los presidentes del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, citaron a solo dos días de encuentros pese a la insistencia opositora y la abrumadora concurrencia estimada. Para dar lugar a quienes así lo desean, habilitaron un mecanismo que consiste en videos que serán presentados en la página oficial de YouTube de la Cámara baja. Las ponencias serán de hasta 5 minutos por inscripto, además de incluir un escrito de no más de diez páginas. Es que a pesar de los reclamos de fundaciones presentados ante la Justicia, mediante una cautelar para que se le ordene al Congreso "garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos", el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del magistrado Enrique Alonso Regueira, denegó el pedido de suspensión y las audiencias quedaron firmes para esta semana, en los términos previstos por el oficialismo. El reclamo había sido impulsado por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Por su parte, el diputado libertario Mayoraz rechazó que las convocatorias sean ilegales, como argumentan desde la oposición: "Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana". "Pero no lo lograron: la justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3", enfatizó. "El plazo es más que razonable; toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú y no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación", defendió. La inscripción récord para participar de las audiencias marca un hecho sin precedentes en materia de involucramiento ciudadano, lo que refleja el interés y la preocupación social que enciende el debate. El punto de conflicto es que las modificaciones apuntan a cambiar la protección establecida en la normativa sancionada en 2010, y uno de los temas claves es la posibilidad de que las provincias determinen las áreas glaciares y periglaciares, y autoricen o no actividades económicas -como la minería- en las proximidades de los cuerpos de agua considerados cruciales.