Abel Furlán, en jaque ante una escandalosa denuncia por fraude en la UOM de Zárate-Campana

Las elecciones de autoridades en la seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) derivaron en un proceso tumultuoso signado por denuncias de violencia y maniobras fraudulentas que terminaron con actuaciones judiciales y tienen como eje del escándalo al dirigente Abel Furlán, quien pretende su reelección en medio de la polémica. Lo que debía ser una jornada de votación y conteo terminó por convertirse en un escenario de confrontación física y procesal: la Lista Naranja y otros sectores de la oposición denunciaron hostigamiento armado, impedimentos para el ingreso de fiscales y manipulación de elementos electorales, y respondieron presentando medidas ante la Justicia para frenar la asunción de las autoridades proclamadas bajo esas condiciones irregulares. En la causa penal iniciada en la citada zona del norte de la provincia de Buenos Aires, los escritos presentados por el apoderado Diego Castillo relatan episodios concretos que incluyen amenazas con armas de fuego atribuidas al directivo Jeremías Colella, intimidaciones y expulsiones de fiscales -entre ellos Cristian Monzón, a quien se lo apartó de la mesa donde debía custodiar la Urna 24- y actos presenciados por el veedor del ministerio de Capital Humano, Facundo Campos. Los denunciantes aportaron además pruebas que, según su presentación, acreditan obstrucciones reiteradas: el fiscal Alejandro Aguilar habría sido impedido de ingresar a la Junta Electoral Seccional ante amenazas de agresión, y se produjo la rotura y apertura de más de veinte urnas, así como la recepción de urnas con precintos violados, lo que pone bajo la lupa la integridad del material de votación. Frente a la negativa de permitir el ingreso de fiscales y apoderados a la sede sindical, los representantes de la oposición convocaron a un escribano público que labró un acta notarial sobre los hechos y certificó registros fílmicos. Ese documento fue incorporado a las presentaciones judiciales y, según quienes lo aportaron, otorga validez probatoria a las denuncias de impedimento y amenaza. En paralelo a las agresiones físicas y al daño material, la oposición planteó la existencia de modificaciones inconsistentes en los padrones: fiscales que habían sido validados por la Junta Electoral no figuraban habilitados para votar en las mesas correspondientes, lo que sugiere una manipulación que afectaría directamente el derecho de los afiliados a fiscalizar y sufragar. Los denunciantes también cuestionaron la intervención de la Policía Bonaerense y la presencia de personas identificadas como "barras bravas" -según la presentación, individuos ajenos a la seccional y a la actividad sindical- que colaboraron para impedir la fiscalización. Sumando a la presentación probatoria, el miembro de la junta electoral Francisco Tapia fue citado textualmente diciendo: "No se va a permitir el acceso para el recuento de las urnas volantes". Ante el silencio de la Junta Electoral Nacional de la UOM, la disputa se amplió a la Justicia Laboral porteña, donde el abogado Santiago Arrizabalaga presentó un recurso en los términos de la ley de asociaciones sindicales en la que solicitó la nulidad total de los comicios. Ahora la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo deberá resolver si la elección se mantiene o se repite. Este episodio se inscribe, además, en una secuencia de cuestionamientos a la conducción desde la llegada de Furlán a la presidencia del gremio en 2022, lo que le da al conflicto una continuidad política que excede el hecho puntual en Zárate-Campana.