Cómo se planeó el millonario fraude con combustible por el que fueron imputados 14 expolicías rosarinos

En noviembre pasado, 14 expolicías de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, entre ellos altos mandos, fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita que se encargaba de desviar fondos públicos originalmente destinados para la carga de combustible de los patrulleros. Los hechos ocurrieron entre mayo de 2023 y el mismo mes de 2024, y de acuerdo a la Fiscalía a cargo de José Luis Caterina, ocasionaron un perjuicio mensual de entre $45 y $90 millones para el Estado santafesino. Los agentes -desvinculados de la fuerza tras conocerse las evidencias- pertenecían a la Unidad Regional II y estaban a cargo del exjefe policial Daniel Acosta y a su secretario privado, Rodrigo Domínguez. ¿Cómo se gestó el fraude? TE PODRÍA INTERESAR: Causa seguros: procesaron a la empresa del broker amigo del expresidente Alberto Fernández Según la investigación, la operatoria se basaba, por un lado, en la sobrefacturación del combustible comprado y, por el otro, en el registro de transacciones fantasmas. Para ello contaban con la connivencia de los propietarios de Gas Auto Tiferno S.A, una estación de servicio situada en la Avenida Ovidio Lagos al 3900. "En más de una ocasión tuve que ir a hablar en forma personal con el jefe de unidad, porque era impresionante la presión que sentía yo, que ejercía sobre mí el señor Domínguez. No solo sobre mí, sino sobre los jefes de secciones y sobre los administradores", explicó uno de los testigos sobre la relación con el secretario de Acosta. "Era una presión permanente. Él quería que aumentáramos lo que se generaba, que subiéramos más plata y no se podía. Llegó a inventar el nombre de una oficina, OGM, Oficina de Gestión de Multas. Si te atrasabas con un pago, te cobraba una multa. Si encontraba un error en un vale, te cobraba una multa. Si pedías un permiso, te cobraba una multa. Y la mayoría de las multas eran asados para 10 personas, una caja de vino Luiggi Bosca y whisky", agregó. El expediente también menciona, de acuerdo con Rosario3, operaciones en las que Acosta y otros mandos autorizaban cargas que nunca se efectuaron o cuya documentación fue falsificada. La instrucción sostiene que esta modalidad permitía justificar gastos oficiales, mientras los beneficios se repartían entre los involucrados. A fines de año, el juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó preventiva para tres de los implicados: Domínguez, Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada) y Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) hasta el 14 de mayo de este año. Sobre el resto, entre los cuales se encuentran Acosta, se mantendrán medidas cautelares, como la inhibición de bienes. Los acusados restantes son Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros), Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito), Roberto Blanco (ex Sección Logística), Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales), Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería CGI), Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI), Roberto Sandoval (ex interventor de Medicina Legal), Héctor Saucedo (ex Motorizada), Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros).