Exculpada de corrupción, no de mala gestión

La declaración de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional introduce un matiz político y judicial relevante en el llamado ‘caso mascarillas’, que se gestó –al menos en parte– en Baleares. El empresario ha asegurado que no le consta que Francina Armengol ni su Govern cobraran comisiones ilegales por la adjudicación de contratos durante la pandemia. Esa afirmación merece ser tenida en cuenta y respetada, porque en un Estado de derecho las responsabilidades penales deben acreditarse con pruebas y no con insinuaciones. Pero que Armengol quede desvinculada de un eventual cobro ilícito no significa que su gestión política quede exonerada. Son dos planos distintos y conviene no confundirlos. La compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros al entramado investigado sigue siendo uno de los episodios más opacos y difíciles de justificar de la gestión de la pandemia en Balears. Las mascarillas adquiridas no cumplían las condiciones exigidas, nunca llegaron a utilizarse y permanecen almacenadas años después, convertidas en símbolo de una gestión fallida y de un gasto público difícilmente defendible. Seguir leyendo ...