El juez Pedraz rechaza la reclamación de Zarrías sobre una incautación "ilegal y nula" de documentación en su despacho

El magistrado Santiago Pedraz mantiene como parte de la investigación todos los documentos relativos a clientes del exdirigente andaluz, que denuncia que "cualquier filtración tendrá claros efectos perjudiciales" El 'caso Leire' devuelve al foco judicial a Zarrías, último patriarca del 'Antiguo Testamento' del socialismo andaluz El juez Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición del expolítico Gaspar Zarrías sobre el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó hace una semana en su despacho profesional de Madrid. El exalto cargo denuncia que los agentes se llevaron “la totalidad” de los expedientes de todos los clientes de su despacho desde 2015, algo “manifiestamente ilegal” al afectar a su derecho profesional. El juez Pedraz, por el momento, ha optado por mantener toda esa documentación en la causa a la espera de su examen y sacar lo que no tenga que ver con el PSOE o Leire Díez. Gaspar Zarrías, ex alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero e histórico dirigente del socialismo andaluz, volvió a ejercer como abogado en 2019 después de casi tres décadas en política. El juez Pedraz investiga si él fue uno de los vehículos que usó el PSOE para pagar dinero a Leire Díez a cambio de sus trabajos de búsqueda de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles y puntos flojos que pudieran desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. Según reconoció el propio Zarrías ante el juzgado que arrancó el caso, pagó 16.000 euros a Leire en cuatro nóminas distintas, aunque el objetivo no alcanzado era descubrir la implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE. Su despacho, ubicado entre los barrios madrileños de Retiro y Estrella, fue uno de los registrados por la UCO a finales del pasado mes de mayo, en la operación liderada por la Audiencia Nacional para encontrar no solo más detalles sobre la actividad del grupo de Leire Díez, sino las vías de financiación supuestamente orquestadas por el PSOE. Allí los agentes, además de casi 20.000 euros repartidos en billetes de 20 y 50 euros, se incautaron de gran cantidad de carpetas relacionadas con todos los clientes del despacho. Zarrías se quejó poco después ante Pedraz, que en un primer momento abrió la puerta a obligar a la UCO a liberar esos papeles que no tuvieran que ver con el caso. “La fuerza actuante se incautó de la totalidad de los expedientes de todos los clientes del despacho, abogado en ejercicio. Esta incautación es manifiestamente ilegal y nula”, dijo esa primera queja. La incautación había llegado a “expedientes abiertos desde el año 2015”, cinco años antes de lo que abarca la investigación, algo que ni el propio Pedraz había autorizado. El juez de la Audiencia Nacional atendió la petición de Zarrías y convocó al exdirigente andaluz para que examinara personalmente las carpetas y dijera, ante la UCO, los documentos que consideraba que no debían permanecer incautados. La Guardia Civil decidió que no retiraba ninguno y el juez terminó avalando esa decisión. “La documentación no implica ninguna actuación concreta como letrado que afecte al derecho de defensa de sus clientes”, dijo el juez. Esas carpetas, añadió, “pudieran guardar relación con los hechos” pero aclaró que se procederá a “su devolución” si “se observara la existencia de documentos ajenos”. La defensa de Zarrías ha presentado un último escrito solicitando esta devolución con “urgencia”. “Se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa”. Añade al final de su escrito que “cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus clientes”.