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No hubo delito por parte de lxs vecinxs de Uspallata al defender bienes comunes

Inicio June 20, 2026
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Este 17 de junio, el dictamen del Procurador Adjunto descalificó la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez, quien instrumentó la versión del gobierno de Alfredo Cornejo que presenta a quienes defienden el agua y el ambiente en Uspallata como “terroristas”. Mendoza tiene el récord entre provincias con más de 40 imputados e imputadas por defender los bienes comunes.

El Dr. Alfredo Guevara dialogó con Radio Comunitaria Cuyum para profundizar sobre el tema de persecución y criminalización de la protesta que está instalando el gobierno provincial, siendo este acontecimiento el primer golpe contra la normalización de este tipo de causas contra las personas que defienden el ambiente, afectados moralmente, físicamente, psicológicamente y privados de la libertad por ejercer un derecho constitucional.

“El fiscal jefe considera que todo lo actuado desde enero de 2025 en relación a la supuesta existencia de grupos eco-terroritas en Uspallata, que motiva la represión y persecución a los vecinos que se oponían al proyecto minero San Jorge, resulta todo ilegal, desautorizando lo actuado por el Gobierno”

Alfredo dejó claro que las acciones del gobierno provincial, y la complicidad de los jueces y fiscales, que condenaron a ciudadanos por defender los bienes comunes, son una violación a los derechos humanos y al estado de derecho de la democracia:

Alfredo Guevara, referente de La Base Foto: Coco Yáñez

Coco Yáñez

“Para que haya democracia según la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos tiene que haber división de poderes, que es lo que permite que haya un control entre los distintos poderes del Estado y no haya una acumulación de poder como había antes, que teníamos la Monarquía… En Mendoza no hay democracia porque no hay división de poderes.”

Expresó Alfredo mencionando como ejemplo los 10 años de gobierno de Alfredo Cornejo, el caso donde se observan 8 de cada 10 jueces nombrados por él mismo y con sistemas de clientelares, el Secretario de Justicia investigado por abuso de autoridad, la utilización de la Justicia para la persecución a la oposición y para la impunidad del poder del oficialismo y las causas archivadas hacia Cornejo por enriquecimiento ilícito.

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