Alertan por un posible retroceso judicial en el caso del femicidio de Julieta González

Organizaciones feministas advierten que la Corte Suprema de la Nación podría revisar la condena por femicidio. Temen que el fallo siente un precedente para otras causas de violencia de género.

A 11 años del primer Ni Una Menos, organizaciones feministas de Mendoza expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta la condena por femicidio contra Andrés Di Césare, responsable del asesinato de Julieta González en 2016. Para referentes del movimiento de mujeres, una resolución en ese sentido significaría un grave retroceso en el reconocimiento judicial de la violencia de género.

Julieta González tenía 21 años cuando desapareció el 21 de septiembre de 2016 tras encontrarse con Andrés Di Césare en Maipú. Seis días después su cuerpo fue hallado en una zona descampada de Luján de Cuyo. La investigación determinó que había sido golpeada y asesinada.

Durante el proceso judicial también se conoció que Julieta estaba embarazada y que el acusado había realizado búsquedas en internet vinculadas a la posibilidad de detectar ADN fetal después de la muerte. Además, la tenía registrada en su teléfono celular bajo el nombre “Ni idea”.

La abogada Leticia Morcos, integrante de Líbera Abogacía Feminista, recordó que la primera sentencia descartó la existencia de violencia de género y puso el foco sobre la personalidad de la víctima. “Se analizó y se puso el ojo juzgador sobre la vida de Julieta González, sobre sus características de personalidad, considerando que por ser una chica extrovertida e independiente no podía considerarse una víctima de violencia de género”, señaló.

Morcos sostuvo que aquella resolución fue revertida por la Suprema Corte mendocina, que reconoció la existencia de un femicidio y corrigió una sentencia que, según afirmó, estaba atravesada por estereotipos de género.

Sin embargo, la defensa del condenado recurrió a la Corte Suprema de la Nación, que ahora debe resolver el planteo. Según la abogada, existe preocupación porque una eventual marcha atrás podría afectar futuros procesos judiciales.

“Existe el riesgo de que desconozca que había un femicidio, a pesar de que es lo evidente. Si existe alguna posibilidad de que se desconozca el femicidio, va a ser un retroceso enorme y nos pone a todas en riesgo”, advirtió.

Para la referente feminista, la discusión excede el caso particular y puede impactar sobre la interpretación de la violencia de género en todo el país. “Las sentencias del máximo tribunal del país sientan jurisprudencia. Obviamente esto abre la puerta para que aparezcan otros planteos”, explicó.

Morcos también cuestionó los argumentos que intentan diferenciar entre mujeres que merecen protección y otras que no. “Construye la idea de víctimas buenas y víctimas malas. Las que pueden ser víctimas son las sumisas, mientras que las mujeres independientes pareciera que no merecen el mismo reconocimiento ni la misma protección”, sostuvo.

Otro de los elementos que genera preocupación entre las organizaciones es que la madre de Julieta, quien durante años impulsó la búsqueda de justicia y participó activamente de cada instancia judicial, falleció en 2024. Su ausencia deja sin esa voz directa a la querella que acompañó el proceso desde el inicio.

Frente a ese escenario, distintas organizaciones feministas y especializadas en violencia de género, entre ellas Líbera en conjunto con La Colectiva, buscan intervenir ante la Corte Suprema mediante la figura del amicus curiae (“amigo del tribunal”), una herramienta que permite presentar informes técnicos para aportar elementos de análisis en causas de relevancia pública. Según explicó Morcos, el objetivo es brindar argumentos jurídicos que refuercen la calificación de femicidio y alertar sobre las consecuencias que tendría una eventual marcha atrás en la condena.

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La preocupación se expresa en el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos. Desde 2015, el movimiento denuncia la violencia machista y reclama respuestas del Estado frente a los femicidios. Según los datos mencionados por Morcos, en Argentina se registraron más de 3.000 femicidios desde aquel primer grito colectivo.

En ese contexto, organizaciones de Mendoza impulsan acciones para visibilizar el caso de Julieta González y reclamar que la Corte Suprema mantenga la condena por femicidio. Para ellas, lo que está en juego no es sólo una sentencia, sino también el alcance de los derechos conquistados por el movimiento de mujeres durante la última década.

Compartimos a continuación la entrevista con Leticia Morcos:

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