Alertan que peligra el acceso al transporte para personas con discapacidad

Especialistas cuestionan la decisión del Gobierno nacional de retirar subsidios al transporte de larga distancia y advirtió que podría afectar derechos garantizados por ley.

La reciente decisión del Gobierno nacional de retirar los subsidios destinados a compensar a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad generó preocupación entre familias, organizaciones e instituciones vinculadas al sector.

El abogado Fernando Conte Grand analizó la medida y sostuvo que, aunque el derecho a viajar gratuitamente continúa vigente, la eliminación de las compensaciones económicas podría generar dificultades concretas para garantizar ese beneficio.

Según explicó, la resolución publicada por la Secretaría de Transporte no modifica la legislación que reconoce el acceso gratuito al transporte para personas con discapacidad. “La gratuidad del pasaje para personas con discapacidad está vigente desde hace muchos años en el artículo 22 de la Ley 22.431. Una resolución no puede derogar una ley”, señaló.

El beneficio también alcanza, en determinados casos, a los acompañantes de las personas con discapacidad cuando así lo establece el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, la resolución menciona a otros colectivos protegidos, como las personas trasplantadas y niños con cáncer incluidos en programas nacionales específicos.

Sin embargo, Conte Grand advirtió que el problema podría trasladarse a las empresas de transporte. “Lo que interpreto es que el Gobierno deja de subsidiar o compensar económicamente los pasajes gratuitos que entregan las empresas de larga distancia”, explicó.

En ese sentido, señaló que las compañías vienen reclamando deudas por parte del Estado y que ahora enfrentan un escenario de mayor incertidumbre. “Las empresas dicen que no les venían dando la plata que les debían y que ahora directamente les anuncian que dejarán de recibir esa asistencia”, afirmó.

Para el abogado, las consecuencias podrían sentirse rápidamente en la práctica. “Si las empresas no pueden absorber ese costo, quienes van a sufrir las consecuencias son las personas con discapacidad, las personas trasplantadas y los niños con cáncer que necesiten trasladarse”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó los casos de familias que deben viajar cientos de kilómetros para acceder a tratamientos especializados. “Un niño con cáncer que tenga que trasladarse desde San Juan a Buenos Aires para ser atendido podría verse obligado a pagar un pasaje que, en muchos casos, resulta imposible afrontar”, indicó.

Ante ese escenario, consideró que la principal herramienta seguirá siendo la vía judicial. “Una vez más habrá que recurrir a los abogados y presentar acciones de amparo para garantizar derechos que ya están reconocidos por la ley”, expresó.

Una política bajo cuestionamiento

Durante la entrevista, Conte Grand vinculó la medida con una orientación más amplia del Gobierno nacional respecto de las políticas de discapacidad y recordó que durante los últimos meses se multiplicaron los reclamos de instituciones prestadoras, familias y organizaciones por retrasos en pagos y falta de actualización de los aranceles.

“No tengo ninguna duda de que esto es una actitud coherente con el plan de gobierno, pero es absolutamente injusta y regresiva en términos de derechos humanos”, afirmó.

Además, sostuvo que cualquier retroceso en derechos conquistados por las personas con discapacidad puede ser cuestionado judicialmente. “La política de discapacidad tiene que ser una política permanente. No puede depender del gobierno de turno”, remarcó.

Finalmente, defendió la necesidad de sostener políticas públicas orientadas a garantizar la inclusión y el acceso a derechos. “Será otra batalla legal más que habrá que dar frente a cualquier gobierno que pretenda deslegitimar conquistas que son justas, necesarias y razonables para las personas con discapacidad”, concluyó.